El derecho al olvido: una forma de censura

Uno de los temas que más tinta (electrónica) ha hecho correr en las últimas semanas es el llamado derecho al olvido. Este consiste, en palabras llanas, en el derecho de cualquier ciudadano a que se "olvide" (en otras palabras, que dejen de publicarse) hechos pasados que han dejado de ser ciertos. En base al citado derecho, el Tribunal Supremo de la Unión Europea dictó hace pocos meses una sentencia en la que obligaba a los motores de búsqueda en Internet (como Google) a retirar enlaces a artículos y textos cuando el afectado hiciera la petición oportuna. Esta semana, Google ha comenzado a cumplir las primeras solicitudes.

Creo que hay un gran número de equívocos en todo este asunto. Para empezar, la sentencia indica que el interesado debe presentar una solicitud a cada uno de los buscadores. Son cuatro los buscadores más usados (Google, Bing, Yahoo y Ask.com), y decenas los menos conocidos. Es de suponer, por tanto, que nunca seamos capaces de solicitar el olvido a todos los buscadores existentes. Pero, si el objetivo es evitar que periodistas y departamentos de recursos humanos husmeen en nuestro pasado, ¿realmente sirve esto de algo? ¿Cuánto tardarán los investigadores en comenzar a usar buscadores desconocidos por el público, si no lo hacen ya?

También conviene preguntarse qué criterios siguen los buscadores para aceptar o rechazar una petición, o cómo se comprueba que la petición es legítima y proviene realmente del interesado. No es difícil imaginar escenarios en los que alguien intente ocultar un artículo perfectamente legítimo basándose en que contiene insultos o descalificaciones a un tercero.

Y todo esto sin olvidar que la sentencia afecta únicamente a los buscadores: nada dice, por supuesto, de la retirada de los artículos originales, ya que podría enfurecer a la prensa. Y con razón: sería un flagrante ataque a la libertad de prensa. Pero si el artículo original sigue estando disponible en la web de un diario digital, por ejemplo, nada nos impedirá encontrarlo usando su buscador local. Vuelta a la casilla de salida.

Pero, más allá de todo esto, hay un problema ético de fondo: el derecho a la información. Como ciudadanos, tenemos derecho a tener información objetiva (o, al menos, a conocer puntos de vista complementarios). La ejecución de esta sentencia vulnera este derecho, y nos priva (aunque sea parcialmente) del acceso a esa información. De forma peligrosamente parecida a cómo el gobierno chino obliga a los buscadores a bloquear informaciones contrarias al régimen.

Estoy plenamente convencido de que Internet está provocando un segundo renacimiento cultural, sólo comparable al producido por la invención de la imprenta hace cinco siglos. En nuestras manos está el enfrentarnos a este nuevo tiempo, el decidir qué vamos a hacer, y cómo queremos que sea el mundo a partir de ahora.